Baixo o título “¿Guardián de mi hermano? La responsabilidad de proteger. A propósito del RD-Ley 16/2012 y el derecho a la salud de los inmigrantes” o avogado José Luis Segovia amosa a súa visión -dende o dereito- da reforma no sistema sanitario e como esta afectará a poboación inmigrante.

UNA MALA LEY ES UNA LEY MALA

La norma aprobada el martes 24 de abril, “de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”, pretende despojar a las personas inmigrantes en situación irregular de su derecho a la atención sanitaria primaria y especializada. Quienes nos adscribimos a la tradición iusnaturalista y a la ética de los principios sabemos bien que eso es imposible. Lo que hace el legislador es simplemente “reconocer” derechos humanos, pero no crearlos, ni mucho menos abrogarlos. Violentar un derecho humano es algo tan a contrapelo del más elemental sentido ético que es imposible hacerlo sin mala conciencia. Por eso, se suele acudir a tres mecanismos exculpatorios: a) reducir, al menos nominatim, la persona a otra categoría más instrumentalizable; b) utilizar una técnica legislativa rebuscadamente aséptica; c) propiciar cierta confusión conceptual que facilite el aplauso social.

El Real Decreto-ley utiliza arteramente los tres. La persona es titular de derechos humanos inalienables. Pero, si en vez de persona hablamos de asegurado, o todavía mejor de “portador de la tarjeta sanitaria”, y establecemos una comunicabilidad directa entre la efectividad del ejercicio del derecho y esa nueva condición, acabamos privando del contenido sustancial del derecho a la persona que no la porte sin que se note tanto el atropello. En un libro impresionante llamado “Los juristas del horror”, Ingo Müller hace un estudio detallado de las sofisticadas técnicas legislativas que permitieron a destacadísimos juristas dar por buenas leyes moralmente inaceptables en un momento de culto al positivismo jurídico en Alemania. Afortunadamente, estamos aún lejos de ese horror, pero conscientes, como señala José Antonio Marina, de que los “derechos humanos están siempre en el alero”, debemos poner todo el empeño en evitar cualquier marcha atrás en algo que constituye “una auténtica piedra miliar en el avance de la civilización” (Juan Pablo II). Por eso, nos felicitamos del paulatino proceso de “reconocimiento” de derechos humanos de primera, segunda, tercera y sucesivas generaciones. En ese sentido, el derecho a la asistencia sanitaria ya aparece explícitamente recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Está vinculado al derecho a la vida (art. 3 DUDH) y a la dignidad de la persona en cuanto titular de los derechos sociales y económicos (art. 22 DUDH). Su ejercicio articula mediante la “efectividad” del derecho a recibir la asistencia sanitaria necesaria (Art. 25 DUDH).

No es mi propósito detallar la pésima técnica legislativa utilizada –copiada con celo de la seguida en muchas ocasiones por el Gobierno anterior-. Baste señalar que se utiliza la socorrida forma del Real-Decreto-ley (que aprueba el Gobierno en un primer momento sin necesidad de contar con el Parlamento). Es un mecanismo excepcional cuando concurren razones de extraordinaria y urgente necesidad que, ex art. 86 de la Constitución, no podrá afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, ni a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución (De los de derechos y deberes fundamentales), ni al régimen de las Comunidades Autónomas. Ya dentro de la norma aprobada, la cuestión que motiva estas líneas no aparece en el cuerpo normativo de su articulado, sino incidentalmente  escondida en una disposición final de un texto de 35 páginas. A pesar de que toca en la línea de flotación de un derecho humano no se hace ninguna referencia explícita en la exposición de motivos que marca las razones y principios que orientan la ley. Y, finalmente, desde el punto de vista de la jerarquía normativa, Un Real Decreto-ley modifica, el contenido esencial de un derecho recogido en una ley del máximo rango normativo como es la de extranjería (Ley Orgánica, que necesita la mayoría absoluta del Congreso sobre la totalidad del texto para su aprobación, modificación y derogación) acudiendo a una socorrida y recurrente fórmula que tampoco pasará a la historia de la literatura: “Art. 12. Derecho a la asistencia sanitaria. Los extranjeros tienen derecho a la asistencia sanitaria en los términos previstos en la legislación vigente en materia sanitaria”. Bajo el amparo de “mejorar” el sistema nacional de salud, cuestión que obviamente no precisa de Ley Orgánica, se cargan un derecho fundamental. Puro fraude de etiquetas.

Por último, cuestiona (con razón) los abusos producidos por el llamado “turismo sanitario”. Sin embargo, provoca en la opinión pública una confusión similar a la que el Gobierno anterior suscitó cuando quiso sancionar la hospitalidad al forastero confundiéndolas con el tráfico de personas. Ahora, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, al amparo del abuso realizado sobre el sistema sanitario español, efectuado generalmente por personas de un perfil económico alto y pertenecientes a países de la Unión Europea, se legisla de tapadillo y se niega el acceso a la atención primaria y especializada a personas que provienen en muchos casos de continentes bastante más precarizados que el nuestro. En su momento, el Gobierno socialista rectificó el equívoco. Mantengo la esperanza de que el Gobierno actual corrija este yerro tan grosero.

Por cierto, que las mujeres antes, durante y después del parto sigan siendo atendidas, o los menores de 18 años estén excluidos de la aplicación de Real Decreto-ley, no constituye un acto de generosidad del legislador. Por su especial vulnerabilidad, en el ámbito de los derechos humanos estas personas cuentan con un régimen reforzado de especial protección que impide cualquier tipo de restricción: gozan de un estatuto transnacional (esperemos que sea por muchos años). En puridad, son los únicos ciudadanos del mundo. El legislador se ha limitado a transcribir lo que está explícitamente  imperado por los Convenios internacionales. Por otra parte, que se siga atendiendo a los gravemente enfermos o a los accidentados no constituye acto de benevolencia alguna. Su contrario, la  “denegación de asistencia sanitaria” en España está castigado por el Código penal en el art. 196 como un delito de omisión del deber de socorro y sancionado con penas privativas de libertad y de inhabilitación para los profesionales sanitarios.

LA EFICIENCIA DEBE COLGARSE DE LA PERCHA DE LA ÉTICA

Nadie sensato negará los largos párrafos que dedica la norma a la necesidad de “reforzar la sostenibilidad, mejorar la eficacia en la gestión, promover el ahorro y las economías de escala, introducir nuevas herramientas, coordinar los servicios sanitarios y los sociales y garantizar una cartera básica de servicios en todo el territorio nacional”.  La formulación es impecable y algunas de las medidas que se formulan en El Real Decreto-ley son correctas e incluso aplaudibles. Sin embargo, otras constituyen una perversión ética, una violación flagrante de los derechos humanos y una marcha atrás democrática inasumible. Afectan a extranjeros y… también a los españoles. Es imposible dar cuenta en unas pocas líneas de tantísimas páginas de desarrollo legal. Me centraré en uno de los aspectos más fuertemente cuestionables y que hace referencia a la privación de asistencia sanitaria primaria y especializada a las personas inmigrantes sin papeles (aunque no son los únicos afectados por la restricción de derechos).

El problema de fondo es que absolutizar la racionalidad economicista acaba por hacernos olvidar otras lógicas. Pasó con la crisis económico-financiera y no hemos aprendido la lección. La ética debe orientar con sus valores la acción política (el arte de tomar decisiones buscando el bien común, distinto del interés general estadístico, y la justicia social); ésta debe dirigir la economía (“política económica” se decía), que no es otra cosa que el arte de gestionar y distribuir recursos escasos en función de “prioridades dadas”. ¿Quién sienta las prioridades? Obviamente la política, iluminada a su vez por la ética. Sin embargo, con la crisis vimos que la crematística (“arte” de multiplicar los beneficios) dio un patadón a la economía que acabó fagocitando a la política y mandando al cuarto oscuro a la ética y sus valores. Lo peor es que, ahora, la economía ha quedado reducida a mera contabilidad, a econometría, a fórmulas matemáticas que sólo buscan cuadrar un resultado a costa de lo que sea, sin valores ni prioridades dadas y sin darse cuenta de que, al final, con esa ceguera, no sólo se provoca un sufrimiento inconmensurable a muchas personas sino que también se acaba siendo ineficaz e ineficiente.

Esto último lo veremos enseguida, cuando vuelvan a reaparecer gérmenes patógenos que no entienden de leyes de extranjería y que sólo son tenidos a raya por políticas sanitarias de corte preventivo incompatibles con lo ahora aprobado. Pero no quiero argumentar desde posiciones utilitaristas y consecuencialistas, sino desde el respeto a los principios. En ese sentido, el derecho a la protección de la salud y a la asistencia sanitaria constituye un derecho moral y jurídico inviolable, recogido en el art. 43 de la Constitución, así como en el art. 1 de la Ley General de Sanidad que reconoce la titularidad a los españoles y a los ciudadanos “residentes en España”, entendiendo por tales los domiciliados en territorio nacional sin discriminar su situación administrativa. En último término todo bebe de que, por principio, el ser humano es un fin en sí mismo, que dotado de razón y conciencia, tiene el deber de comportarse fraternalmente con el otro (art. 1 DUDH  dixit).

Uno se pregunta cómo se va a compatibilizar el Código deontológico médico y sus principios éticos con la omisión de asistencia, diagnóstico y tratamiento de  patologías que, en todo caso, hacen sufrir a los seres humanos y que, inicialmente, no siendo graves, pueden constituirse en letales. Esta insensibilidad hacia el dolor ajeno es una muestra más de una decadencia cultural, para cuya prevención no sirven retóricas exhortaciones morales que no contemplen al mismo tiempo el cuestionamiento directo de las leyes y marcos institucionales que las traducen. “Quedarse en el plano de los principios es sencillamente mentir”, decía con acierto Bonhoeffer.

LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER…

“Todos somos responsables de todos” (CV 38). Esto justifica el deber de proteger (CV 67) cuyo contenido, aplicado inicialmente al Derecho Internacional, va siendo extendido paulatinamente a cualquier situación de vulnerabilidad provocada institucionalmente. En ese sentido, últimamente la DSI se va apuntando a la tesis, iniciada en los años 90, del “derecho a la seguridad humana”: una concepción amplia de la seguridad que incorpora las inseguridades que experimentan las personas en su vida cotidiana y que tienen que ver no sólo con la ausencia de violencia o de temores, sino también con la falta de satisfacción de sus necesidades. En efecto, se trataría de garantizar el “freedom from need” inaugurando una época más cosmopolita donde el Estado, sus leyes restrictivas y sus fronteras pierdan protagonismo en favor de las personas por el hecho de ser tales. Aplicado al tema que nos ocupa, “la superación de las fronteras no es sólo un hecho material, sino también cultural” (CV 42). Por eso, se nos urge a que “no haya barreras de confines” (CV 34). El derecho a la protección a la salud es un derecho humano y no puede convertirse en un muro insalvable para las personas extranjeras en situación irregular. El Estado puede y debe gestionarlo de manera eficiente, pero no tiene capacidad para denegarlo selectivamente. Pertenece al fundamento pre-político del Estado no susceptible de ser administrado. “El primer capital que se ha de salvaguardar y valorar es el hombre, la persona en su integridad” (CV 26). Lo contrario, como pretende el Real Decreto-ley comentado, sería como si el capitán de un barco en peligro estableciese criterios selectivos de pase a los botes salvavidas basados en la nacionalidad de la naviera. Los más vulnerables siempre han sido los primeros en ser rescatados sin más discriminación que el criterio de su propia precariedad. Por su parte, el capitán era el que asumía el coste mayor y, con él, la oficialidad: eran los últimos en abandonar el barco. Aunque, a decir verdad, esta crisis que venimos padeciendo y sus secuelas (entre otras, la reforma laboral) parecieran consagrar el modelo de gestión de crisis del capitán del buque italiano Costa Concordia que escapó el primero…

Este ataque a los derechos de las personas inmigrantes reclama de cualquier bien nacido constituirse en guardián del hermano vulnerable. Ya lo hacen los más abnegados de los nuestros practicando la ética de la hospitalidad, la acogida, el cuidado y la justicia… Seguro que estos cambios legales no les van a arredrar en el ministerio dignificante del acompañamiento, la convivencia y el encuentro con personas sin papeles (pero personas) de diferentes procedencias, ya por otras muchas circunstancias extremadamente vulnerables.  Sin duda, las migraciones constituyen hoy una bandera discutida y la prueba del algodón de la sinceridad de las apelaciones cristianas  a un Dios Padre de todos, generador de una fraternidad universal. Si, de verdad,  “mi prójimo es cualquiera que tenga necesidad de mí y que yo pueda ayudar”, ello “requiere un compromiso práctico aquí y ahora” (DCE 15) que se despliega en múltiples dimensiones (cuestionamiento de los CIE, falta de garantías en los procedimientos, detenciones policiales irregulares…). No es baladí afirmar hoy que “todo emigrante… posee derechos fundamentales inalienables que han de ser respetados por todos y en cualquier situación” (CV 65).

Porque la Iglesia quiere ser el “hogar común de todos”, no se piden papeles a nadie. En ella y en la sociedad, los inmigrantes “tienen derecho a ser lo que son y especialmente a serlo “entre nosotros”. Ojalá que en la Iglesia, que tiene a los más abnegados de los nuestros en la primera línea de la solidaridad, no se nos olvide que tenemos divina vocación de guardianes de nuestros hermanos, que tenemos el deber de proteger y que, unidos a todos los hombres y mujeres que hambrean justicia, crecemos moralmente cuando nos empeñamos en defender apasionadamente los derechos ajenos incluso a costa de jugarnos los propios.

Estamos a sufrir importantes trocos no modelo sanitario conquistado en España que deu importantes resultados na mellora da saúde pública. Nestes días os grandes medios recollen a perda de dereitos neste terreo, que está a afectar de xeito especialmente grave á poboación inmigrante pobre.

Achegamos un artigo publicado en Periodismo Humano no que dan cinco claves da reforma sanitaria:

1.- La mejor defensa, un buen ataque: no parece casual el empeño del Gobierno de España por centrar el debate de las modificaciones al Sistema Público de Salud en la pérdida de derechos de las personas migrantes irregulares.

Frases como las vertidas por la ministra de Salud, Ana Mato diciendo “la tarjeta sanitaria es para los españoles” o del consejero de Sanidad de Castilla la Mancha, José Ignacio Echániz “no hay que olvidar que la sanidad gratuita ha sido fundamental para fomentar el efecto llamada. Mucha gente ha cogido una patera porque sabía que en España tenía la asistencia sanitaria garantizada“, o el propio portavoz de los populares en el Congreso, Alfonso Alonso con su “el sistema sanitaria no puede ser un coladero de inmigrantes”, ponen el foco sobre ese sector minoritario y desprotegido, pero fundamentalmente con escaso respaldo social. Las intervenciones de los partidos mayoritarios de la oposición parecen colaborar con la estrategia… ¿se habrán puesto de acuerdo para defender los mismos intereses?

Está claro, el Gobierno quiere que las miradas se desvíe hacia la población migrante y el éxito que ya está teniendo esa estrategia tiene dos fundamentos: A) desviar la atención sobre el real cambio y ataque a todo el sistema de salud. B) encontrar mayor respaldo en una idea muy instalada socialmente de que la población migrante es quien hace uso y abuso de los beneficios públicos como salud, educación, coberturas sociales, etc. Y en un clima de crisis como la imperante, para muchos sectores precarizados lo de “los españoles primero”, tiene un fuerte calado. Atacando la población migrante, el Gobierno ha encontrado la mejor defensa a su proyecto.

Pero veamos los números reales de la población migrante para ver la relevancia que la medida tiene en este sector: a fecha 1 de enero de 2012  había en España un total de 408.142 extranjeros no regularizados, pero de esa cifra 306.477 serían ciudadanos de la UE que no se han inscrito en el Registro, a los que habría que añadir otros 13.481 de ciudadanos de países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio. Esto significa que solo habría según estas cifras 88.184 ciudadanos potencialmente incursos en la infracción del art. 53.1.a) LOEX, es decir sin papeles.

Esto significa que el 79 por ciento de esas personas indocumentadas tienen un derecho inalienable de registrarse como ciudadanas comunitarias mediante una simple tramitación administrativa, y por ende dejarán de ser “sin papeles”. Apenas un 10 por ciento quedarían totalmente excluidas, una cifra que aunque siempre importante porque hablamos de personas, no parece justificar que el debate se centre en este punto. Parece que por primera vez más que usar la migración como chivo expiatorio, el Gobierno quiere vendernos “gato por liebre”.

2.- La tarjeta a los españoles…¿Y la salud?: en la misma línea de análisis, la exaltación de un supuesto patriotismo desvía la atención de los reales alcances de las modificaciones al sistema de salud, a la mera disposición de la tarjeta sanitaria por una cuestión de nacionalidad y/o “papeles”; cuando en realidad muchas personas españolas o migrantes “con papeles”, igual no podrán disponer del derecho a una cobertura de salud según sean sus circunstancias laborales y/o particulares.

El Art. 3 del Real Decreto 16/2012, tras desarrollar los supuestos para ser consideradas personas “aseguradas” establece que “en aquellos casos en que no se cumpla ninguno de los supuestos anteriormente establecidos, las personas de nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza que residan en España y los extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio español, podrán ostentar la condición de asegurado siempre que acrediten que no superan el límite de ingresos determinado reglamentariamente”. Es decir, habrá personas que pese a su “regularidad administrativa” e incluso su nacionalidad española, también quedarán excluidas del sistema sanitario público.

Y esto con un agravante. El Estado español no suele destacarse por su velocidad y mucho menos por el cumplimiento de plazos en cuanto a la elaboración de reglamentos se refiere. Entonces ¿qué pasará con esa limitación de ingresos?, ¿cómo se fijará las base de ingresos temporalmente y hasta tanto salga un reglamento?, ¿quedará en manos de la persona instructora de la solicitud?. Parece que las circulares internas cobrarán, como en casi toda la administración pública, más fuerza que la propia ley.

Asimismo atendiendo a que un 50 por ciento de la juventud española está en paro y nunca ha podido cotizar, y por ende excluida en gran parte de la posibilidad de ser considerada como “asegurada”, resulta un verdadero despropósito que el Real Decreto establezca que podrán reconocerse como “beneficiarios de un asegurado”, solo “el cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, el ex cónyuge a cargo del asegurado, así como los descendientes a cargo del mismo que sean menores de 26 años o que tengan una discapacidad en grado igual o superior  al 65%. Es decir, se dejará sin ningún tipo de cobertura que no sea le mera urgencia a toda persona mayor de 26 años que no sea reconocida como asegurada.

Es más, la reforma resulta tan lesiva, que en la disposición final quinta se oculta otra “perla” de enorme gravedad: “se somete el derecho a Residencia de las personas comunitarias y sus familias,  si no están trabajando, estudiando o no demuestran recursos suficientes “para no convertirse en una carga para la asistencia social en España durante su período de residencia”. Es decir que las personas comunitarias, hasta ahora con una amplitud de derechos similar a la de la ciudadanía española, perdería no solo el derecho a la asistencia sanitaria, sino lo que es más grave aún, el propio derecho a residir en el Estado español.

Incluso, en el punto 4 del mismo artículo se reconoce “únicamente” el derecho de familiares como el del cónyuge o persona con relación análoga, e hijos, pero no el de las personas ascendientes. ¿Serán excluidas también?.

3.- El remedio y la enfermedad: otros de los hilos en los que el gobierno ha centrado su defensa es en que “ninguna persona se le dejará sin el derecho a recibir atención médica”, ya que podrán asistir a los servicios médicos de urgencia. Y aquí otra vez el doble rasero: por un lado servicios colapsados que obligarán a quien pueda a buscar una cobertura privada (¿el objetivo final de esta reforma?), y por otro tras este discurso (como ya vimos falso) de todas las personas migrantes a urgencias, otra vez recaerán las culpas de las deficiencias del sistema contra este colectivo.

Pero debemos ir más allá, el disponer solo de la cobertura de urgencias significa tener que pagar la medicación en forma íntegra, y el alto coste de los medicamentos con la precariedad extendida hará que muchas personas no puedan seguir sus tratamientos o cuidados necesarios para su curación. Esto significa en esencia tres cosas:

1 – Las personas infectadas de enfermedades de gravedad, caso HIV, tuberculosis y otras similares, estarán condenadas a una agudización de su estado de salud que cuando sea atendida, quizá pueda ser tardío para su propia vida.

2- El no poder tratar la enfermedad en muchos de los casos terminará en la necesidad de una hospitalización, y a nadie escapa de su conocimientos, que resulta mucho más económico atacar la enfermedad desde su raíz que los tratamientos posteriores y el propio internamiento.

3- En caso de enfermedades infecto contagiosas no tratadas, los riesgos de contagio al resto de la ciudadanía son potencialmente mucho mayores, y por ende el tan achacado “gasto médico”, puede llegar a cotas mucho mayores que las que se dice, se intentan reducir.

4.- Enfermedad de unas, enfermedad de todas: quitar el derecho a la salud a un sector importante de la población, nos afecta a todas las personas que vivimos en esta sociedad. Afortunadamente no somos compartimentos estancos, interactuamos, viajamos en transporte público, compartimos espacios en una sociedad que aunque aún presa del impulso individualista de las sociedades de consumo, en el contexto actual cada vez necesitará más de relacionarse, de formar grupos de solidaridad, y en ese interactuar los riesgos de contagio al haber potencialmente más agentes transmisores, será mucho mayor.

5.- Un principio sin fin: la pérdida de estos derechos han comenzado por algunos sectores, pero nadie puede asegurarnos hasta donde llegarán. Afectan de una forma u otra, directa o indirectamente, y la historia de siempre –y también la más reciente, por ejemplo con la reforma laboral- demuestra que esto puede ser solo un comienzo, y no reaccionar ahora tal vez convierta en tardío los esfuerzos de frenar esta locura cuando intenten ampliarla en apenas unos meses.

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Fonte: tomalapalabra.periodismohumano.com/2012/04/27/cinco-claves-de-la-reforma-sanitaria-de-espana/#more-1309

A teóloga brasileira Ivone Gebara que hai uns anos axudounos na reflexión da comunidade ven de publicar este artigo co título: “EEUU: La inquisición actual y las religiosas norteamericanas”.

Una vez más hemos visto horrorizadas “la evaluación doctrinal” o llamada de atención o castigo dirigido por la Congregación de la Doctrina de la Fe a quien, según ella, sale fuera de la observancia de la correcta doctrina católica. Solo que en esta ocasión el dedo acusador no señala solo a una sola persona, sino a una institución que agrupa y representa a más de 55.000 religiosas de Estados Unidos.

Se trata de la Conferencia Nacional de las Religiosas, conocida por su sigla LRWC – Conferencia de Liderazgo Religioso Femenino. Estas religiosas a lo largo de su historia desarrollaron y aún desarrollan una amplia misión educativa por la dignidad de muchas personas y grupos, dentro y fuera de los Estados Unidos.

La mayoría de estas mujeres pertenecientes a diferentes congregaciones nacionales e internacionales, además de su formación humanista cristiana, son intelectuales y profesionales en diferentes campos del conocimiento. Son escritoras, filósofas, biólogas, teólogas y sociólogas, abogadas; tienen un amplio curriculum y competencia reconocida nacional e internacionalmente. También son educadoras, catequistas y promueven la práctica de los derechos humanos.

En muchas situaciones fueron capaces de exponer su vida en favor de personas víctimas de injusticias o se opusieron a las conductas gravemente injustas y opresivas asumidas por el gobierno de los Estados Unidos. Tuve el honor de conocer a algunas de ellas que han sido detenidas porque se pusieron en la primera fila en las manifestaciones que demandaban el cierre de la Escuela de las Américas, institución de Gobierno estadounidense que prepara a militares latinoamericanos para actuar en sus respectivos países de forma cruel y represiva. Estas religiosas son mujeres de reflexión y acción con un largo historial de servicios no sólo en su país, sino en muchos otros.

Actualmente están bajo sospecha y bajo la tutela del Vaticano. Son criticadas por estar en desacuerdo con los obispos, considerados “Los auténticos maestros de la fe y la moral”. Y además, están siendo acusadas de ser partidarias de un feminismo radical, de desviaciones de la doctrina católica romana, de complicidad en la aprobación de las uniones homosexuales y otras acusaciones que nos llegan a espantar por su anacronismo.

¿Que sería un feminismo radical? ¿Cuáles serían sus manifestaciones reales en la vida de las congregaciones religiosas femeninas? ¿Cuáles desviaciones teológicas estarían viviendo las religiosas? ¿Nosotras las mujeres estaríamos siendo vigiladas y castigadas por no conseguir ser fieles a nosotras mismas y a la tradición del Evangelio, a través de un sometimiento ciego al orden jerárquico masculino? ¿Estarán los responsables de las Congregaciones vaticanas ajenos a la gran revolución feminista mundial que tocó todos los continentes e inclusive a las congregaciones religiosas?

Muchas mujeres religiosas en los Estados Unidos y otros países son herederas, maestras y discípulas de una de las expresiones más interesantes del feminismo mundial, particularmente del feminismo teológico que se desarrolló en los Estados Unidos desde finales de la década de los sesenta. Sus ideas originales, críticas y posturas libertarias han llevado a una nueva lectura teológica, que les ha posibilitado acompañar a los movimientos de emancipación de la mujer.

De esta manera pudieron contribuir a repensar nuestra tradición religiosa cristiana en el rumbo de superar la invisibilización y la opresión de las mujeres. Crearon también espacios alternativos de formación, textos teológicos y celebrativos para que la tradición del Movimiento de Jesús no fuese abandonada por miles de personas cansadas con el peso de las normas y estructuras religiosas patriarcales.

¿Qué actitudes tomar ante ese anacronismo y la violencia simbólica de los órganos curiales y administrativos de la Iglesia Católica Romana? ¿Qué pensar de su marco de referencia filosófico rígido que asimila lo mejor del ser humano a lo masculino? ¿Qué decir acerca de su visión antropológica unilateral y misógina desde la que interpretan la tradición de Jesús?

¿Qué pensar de este tratamiento administrativo punitivo a partir del cual se nombra a un arzobispo para revisar, orientar y aprobar las decisiones tomadas por la Conferencia de Religiosas como si fuésemos incapaces de discernimiento y lucidez? ¿Seríamos acaso una empresa multinacional capitalista en la que nuestros “productos” deberían acatar los dictados de una línea de producción única? Y para mantenerla ¿debemos ser controladas como autómatas por quienes se consideran dueños y guardianes de la institución? ¿Dónde queda la libertad, la caridad, la creatividad histórica, el amor sororal y fraternal?

Al mismo tiempo que la indignación, nos invade un sentimiento de fidelidad a nuestra dignidad de mujer y el Evangelio anunciado a los pobres y marginados nos invita a reaccionar ante este acto repugnante de injusticia.

No es de ahora que los prelados y los funcionarios de la Iglesia actúan con dos pesos y dos medidas. Por un lado las altas instancias de la Iglesia Católica fueron capaces de acoger nuevamente en su seno a grupos de extrema derecha cuya historia nociva, principalmente para jóvenes y niños, es ampliamente conocida. Pienso especialmente en los Legionarios de Cristo, de Marcial Maciel (México) o en los religiosos de Monseñor Lifevre (Suiza) cuya desobediencia al papa y sus métodos coercitivos para conquistar discípulos es testimoniada por muchos.

Esta misma iglesia institucional acoge y recibe a hombres que le interesan por su poder y repudia a las mujeres que desea mantener sumisas. Con su actitud las expone a críticas ridículas difundidas incluso por medios de comunicación católicos de mala fe. En estas mujeres los prelados parecen reconocer formalmente cierto mérito cuando sus acciones se centran en aquellas tareas tradicionalmente ejercidas por las religiosas en las escuelas y en los hospitales. ¿Pero somos sólo eso?

Somos conscientes de que en ningún momento en los Estados Unidos surgió la más mínima posibilidad de que estas religiosas hubieran violado a jóvenes, adolescentes, niños y ancianos. Ninguna denuncia pública manchó su imagen. De ellas no se dice que se aliaran con los grandes bancos internacionales para su propio beneficio. Ninguna denuncia de tráfico de influencias, intercambio de favores para mantener el silencio de la impunidad. Y aún con toda esa trayectoria ninguna de ellas ha sido canonizada ni beatificada por las autoridades eclesiásticas, como sí lo hicieron en casos de hombres con poder. El reconocimiento de esas mujeres viene de las muchas comunidades y grupos cristianos o no, que comparten su vida y sus trabajos con muchas de ellas. Y estos grupos, ciertamente no callarán ante esa “evaluación doctrinal” injusta. que también los afecta directamente

Plagiando a Jesús en su Evangelio me atrevo a decir: “Tengo pena de estos hombres” que no conocen de cerca las contradicciones y las bellezas de la vida, que no permiten a sus corazones vibrar abiertamente con las alegrías y sufrimientos de las personas, que no aman el tiempo presente, que prefieren la estricta ley a la fiesta de la vida. Solo aprendieron las reglas inflexibles de una doctrina cerrada en una racionalidad ya obsoleta y desde ella juzgan la fe de los demás y especialmente de las mujeres. Tal vez piensan que Dios los aprueba y se somete a ellos y a sus elucubraciones tan lejanas de los que tienen hambre de pan y justicia, de los hambrientos, los abandonados, de las prostituidas, de las violadas y olvidadas.

¿Hasta cuándo tendremos que sufrir bajo su yugo? ¿Qué postura nos inspirará el “Espíritu que sopla donde quiere” para que permanezcamos fieles a la VIDA presente en nosotros?

A las queridas hermanas estadunidenses de la LWRC mi agradecimiento, cariño y solidaridad. Si ustedes están siendo perseguidas por el bien que hacen, probablemente su trabajo producirá abundantes y buenos frutos. Sepan que, unidas a ustedes, mujeres religiosas de otros continentes no permitiremos que silencien vuestra voz. Pero si callaren por un decreto del papel, nosotras haremos de ese decreto una razón más para seguir luchando por la dignidad humana y la libertad que nos constituye.

Continuaremos de muchas maneras, anunciando el amor al prójimo como clave de comunión humana y cósmica presente en la tradición de Jesús de Nazaret y en muchas otras, aunque de diferentes maneras. Vamos a seguir tejiendo juntas en nuestro momento histórico un pedazo más de la vasta historia de afirmación de la libertad, el derecho a ser diferentes y pensar diferente y todo esto tratando de no tener miedo a ser feliz.

Abril 2012

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Fonte: redescristianas.net/2012/04/29/eeuu-la-inquisicion-actual-y-las-religiosas-norteamericanasivone-gebara-escritora-filosofa-y-teologa

Las 44 diócesis en las que está presente la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) celebrarán el Día de la HOAC en torno al próximo 6 de mayo para proclamar que “los derechos sociales son un deber de justicia”, especialmente para con los más empobrecidos y castigados del mundo obrero y del trabajo.

El Día de la HOAC es una celebración anual en la que queremos compartir con la ciudadanía y con la comunidad eclesial la realidad actual del mundo obrero, este año, centrada en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras como un deber de justicia.Las políticas que se vienen practicando desde hace años, y las que se están aplicando con la crisis, están suponiendo un grave retroceso en el reconocimiento práctico de los derechos sociales. Los derechos sociales de las personas, de los trabajadores y trabajadoras, se están sacrificando en el altar de los beneficios inmorales de una minoría de muy poderosos económicamente que han impuesto su dictadura en las decisiones políticas. Frente a esta grave inmoralidad, como decía Juan Pablo II, es hora de decir, y de repetir cada día, bien alto, que “las necesidades de los pobres deben tener preferencia sobre los deseos de los ricos; los derechos de los trabajadores, sobre el incremento de los beneficio” (Toronto, 14 de septiembre de 1984). Es hora, sobre todo, de vivir y actuar en consecuencia con este principio básico de humanidad.

Los derechos sociales de las personas son una parte muy importante de los derechos humanos, vinculados a la dignidad de las personas. Todas las personas, sólo por el hecho de serlo, tienen derecho a la educación, a la sanidad, a una pensión digna para la vejez, a prestaciones sociales adecuadas a cada situación personal y familiar, a prestaciones suficientes en caso de desempleo, a unas condiciones dignas de trabajo, etc. Sin su reconocimiento práctico nos resulta más difícil realizar nuestra humanidad. Los derechos sociales son, además, una conquista, alcanzada con mucho esfuerzo y sacrificio. Una conquista lograda en la lucha por el reconocimiento de la dignidad de las personas.

El planteamiento de la Doctrina Social de la Iglesia sobre los derechos sociales de las personas es muy claro: su reconocimiento es fundamental para que la sociedad funcione humanamente, estando al servicio de la realización de las personas. Debe ser siempre una prioridad en razón del respeto a la dignidad de las personas y de la justicia debida a los empobrecidos.

En este sentido, Benedicto XVI, en “Caritas in veritate” hace un diagnóstico muy concreto de la actual situación. El funcionamiento de una economía profundamente desviada de su sentido humano y las decisiones políticas que se han tomado, están deteriorando las condiciones laborales y debilitando las redes de protección social, con “grave peligro para los derechos de los trabajadores, para los derechos fundamentales del hombre y para la solidaridad en las tradicionales formas del Estado social”. Es urgente modificar esta situación y, para ello, hace un llamamiento a recordar y poner en práctica un principio fundamental y básico de la ética social: “el primer capital que se ha de salvaguardar y valorar es el hombre, la persona en su integridad, pues el hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social” (n. 25).

En razón de nuestra fe en Jesucristo, a la comunidad cristiana la práctica de la caridad política se nos propone como camino de humanidad, en lo personal y en lo social: “El amor por el hombre, y en primer lugar por el pobre, en el que la Iglesia ve a Cristo, se concreta en la promoción de la justicia” (Juan Pablo II, Centesimus annus, 58). Vivir y proponer este camino de humanización es hoy fundamental.

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Fonte: www.hoac.es/2012/04/24/el-dia-de-la-hoac-dedicado-a-defender-los-derechos-sociales

Documento: issuu.com/hoac/docs/cuaderno6_hoac/3

Dende a nosa comunidade mandar unha aperta a súa familia e amigos e lembrar que foi unha persoa de profundas conviccións espirituais e relixiosas.

Que formou parte dos equipos de galeguización da liturxia, comprometido coas accións do recoñecemento do idioma galego no Concilio Vaticano II, e coa creación da editorial Sept (1966), especializada en publicacións de carácter social e relixioso, e promotora entre outros grandes proxectos da edición da Biblia e do Novo Testamento en lingua galega.

Deixamos a nova publicada no Faro de Vigo: farodevigo.es/sociedad-cultura/2012/04/26/fallece-xaime-isla-couto-ultimos-representantes-galleguismo-siglo-xx/643709.html

Los movimientos especializados de Acción Católica para la evangelización del Mundo Obrero: JOC (Juventud Obrera Cristiana), MTC (Mujeres Trabajadoras Cristianas) y HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica) presentamos el comunicado “Mirar la realidad con esperanza” con motivo de la celebración del 1º de mayo, Día del Trabajo.

El 1º de Mayo es para nuestros movimientos tiempo de reflexión y discernimiento, de renovación del compromiso y de celebración de nuestra fe en el acontecer del mundo obrero y del trabajo.

Como parte de la Iglesia, debemos discernir desde el Evangelio los signos de los tiempos.

Un discernimiento que a nosotros, movimientos de Acción Católica en el mundo obrero y del trabajo, nos hace preguntarnos cómo se anuncia y manifiesta la salvación de Dios en la realidad social que hoy vive el mundo del trabajo y qué es lo que está truncando su proyecto de fraternidad y justicia universal.

¿Hay hoy día buenas noticias para las personas empobrecidas?

Nuestro discernimiento nos debe ayudar a descubrir lo que en el actual contexto histórico, en las condiciones de vida y trabajo de tantas familias, existe como freno y ocultamiento del Reino de Dios, para transformar la realidad y colaborar a construir humanidad. Es la vida humana, lo más importante para Dios, lo que está en juego.

La pobreza, agravada por la crisis actual y por la mercantilización y precarización del trabajo, es un signo de la negación de Dios porque niega a la persona humana. Las causas de la crisis económica que padecemos y las distintas políticas que, desde hace años se vienen poniendo en marcha, siguen profundizando en una desigualdad estructural que sufre el mundo obrero y del trabajo, especialmente las personas más débiles: desempleadas, jóvenes, mujeres, inmigrantes…

Las reformas laborales, la reforma de las pensiones, las políticas de austeridad presupuestaria y de reducción en gastos sociales, la búsqueda de la competitividad a través de una devaluación interna de las condiciones de vida y trabajo de la ciudadanía, además de no contar con el respaldo de toda la comunidad política y económica, dentro y fuera de nuestras fronteras, siguen ahondando en un modelo social, profundamente inmoral. Así se niega el principio básico de humanidad que Juan Pablo II reclamaba:

“las necesidades de los pobres deben tener preferencia sobre los derechos de los ricos; los derechos de los trabajadores, sobre el incremento de los beneficios”

(Toronto, 14 de septiembre de 2004).

Nuestra experiencia de encuentro con Jesucristo Resucitado nos hace mirar también la realidad con esperanza. En ella encontramos muchos signos que anuncian el Reino de Dios y su justicia. La vida de muchos hombres y mujeres del trabajo, de los jóvenes, sus ansias de justicia y de dignidad, sus experiencias de lucha y solidaridad, de organización y de cooperación, el reclamo de otro mundo posible, de parroquias y comunidades cristianas enraizadas en barrios obreros, de muchos militantes obreros cristianos, son testimonio de resurrección.

Este 1º de Mayo es también para nosotros un tiempo de acción evangelizadora y de compromiso transformador. Por eso, muchas y muchos de nosotros, estaremos presentes en los actos y/o manifestaciones que en ese día reclaman derechos sociales y laborales, porque entendemos que son un deber de justicia.

La experiencia del amor de Dios en nosotros queremos convertirla en amor a nuestros hermanos, compañeros y compañeras del mundo obrero y del trabajo al que pertenecemos. Un amor del que no podemos separar la lucha por la justicia.

Es tiempo, por tanto, de la caridad política que se ha de plasmar:

En formas de vida, personal y comunitaria, que propongan y hagan visibles estilos de vida alternativos, austeros, sostenibles y solidarios.

En compromiso en las organizaciones del mundo obrero, para que éstas coloquen en el centro de sus reivindicaciones y proyectos a los sectores más empobrecidos.

En denuncia de las políticas que generan desigualdad y rompen la vida humana y el desarrollo del trabajo como principio de vida.

En gestos que prioricen la preocupación por el mundo del trabajo en las planificaciones de nuestras Iglesias diocesanas.

En la difusión y fidelidad de los principios y orientaciones que la Doctrina Social de la Iglesia propone.

Así ayudaremos a la sociedad a encontrar respuestas éticas a la actual crisis que vivimos.

Esta acción y compromiso son fundamentales para ofrecer a Jesucristo como Buena Noticia en el mundo obrero y del trabajo, como propuesta de vida personal y social.

Por último, este 1º de Mayo es, también para nuestros movimientos, un tiempo de celebración de nuestra fe en el acontecer de nuestras vidas de trabajadores. En todas las diócesis españolas se llevarán a cabo Eucaristías, vigilias de oración, encuentros… donde celebraremos que Cristo sigue acompañando nuestras vidas y nuestras luchas, sigue acompañando al mundo obrero y del trabajo que sigue sufriendo.

Primero de Mayo de 2012

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Fonte: www.hoac.es/2012/04/19/1%c2%ba-de-mayo-mirar-la-realidad-con-esperanza

issuu.com/HOAC/docs/comunicado_1__mayo_2012/1

En ocasiones no es cuestión de ideología, sino de líneas rojas. Las mías fueron traspasadas ayer con la decisión de negar a los inmigrantes en situación irregular el derecho a la salud.

El Gobierno justifica su decisión en el ahorro de 500 millones de euros del gasto sanitario. Eso es, sencillamente, imposible de saber. En primer lugar, el número de extranjeros que residen irregularmente en nuestro país es enormemente vaporoso. En segundo lugar, la imposibilidad de ser atendidos en la red de asistencia primaria podría llevar a muchos de ellos a recurrir a los servicios de urgencias, que ya actúan por encima de sus posibilidades. En tercer lugar, la ‘desaparición’ sanitaria de una población de esta envergadura puede generar problemas de salud pública cuya resolución compense en gran medida el ahorro que se pretende hacer ahora. Un ejemplo: España es en este momento uno de los países desarrollados con mayor número de enfermos de tuberculosis, una enfermedad con variantes extremadamente peligrosas que se concentra en algunos grupos de población inmigrantes.

El recurso al argumento del ‘turismo sanitario’ es una infamia. Como demuestran todos los trabajos serios que se han asomado a este asunto, la mayor carga relativa de los extranjeros para nuestro sistema de salud tiene apellidos alemanes, británicos y franceses, no latinoamericanos o africanos. Es una consecuencia simple de la edad de los inmigrantes irregulares y de su temor a exponerse a cualquier tipo de autoridad. Y si no pagan más impuestos (porque contribuyen con los indirectos, señora Ministra) es porque nosotros se lo impedimos. Estudios sobre el coste de la rigidez del sistema migratorio en el Reino Unido demostraron que el Estado perdía más de 1.000 millones de libras anuales al mantener en la irregularidad a una población de trabajadores más pequeña que la nuestra.

Ningún ahorro económico compensará el modo en el que esta medida envilece a nuestra sociedad y a nuestras instituciones públicas. Estamos convirtiendo en un infierno de incertidumbre y vulnerabilidad la vida de cientos de miles de hombres, mujeres y niños que llegaron a nuestro país para trabajar y prosperar. Seres humanos que conviven con nosotros, a menudo en nuestras propias casas, padecen una ciudadanía de tercera clase.

La medida es cobarde porque se dirige contra aquellos que no pueden defenderse. Por eso es absolutamente esencial que quienes tenemos la capacidad de levantar la voz lo hagamos ahora. La oposición debe expresar con claridad lo que esto significa. La Conferencia Episcopal no puede mantener por más tiempo esta tibieza bochornosa (son sus propias organizaciones y fieles los que trabajan en las trincheras de la política migratoria, defendiendo la dignidad de nuestras comunidades). Los médicos, los enfermeros y enfermeras, el personal de administración de los centros de salud: rebélense contra esta medida. Niéguense a cumplir una ley que atenta contra la naturaleza de su profesión.

No permitamos que esto ocurra. No admitamos la derrota del sentido común y de la compasión en nuestras conversaciones en el trabajo, en los colegios de nuestros hijos, en las reuniones con amigos. No aceptemos que, tratando de no ser una sociedad pobre, nos estamos transformando en una sociedad estúpida y cruel.

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Fonte: www.cristianismeijusticia.net/bloc/?p=6901&lang=es

+info: www.misaludnoesunnegocio.net e www.casmadrid.org

1. El cincuenta aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II está despertando en muchas comunidades cristianas un creciente interés por un acontecimiento que se planteó en profundidad la relación de la Iglesia con el mundo. Las dos preguntas básicas que flotaban en el aula conciliar eran: “Iglesia, qué puedes  ofrecerle hoy al mundo” y “Mundo, qué le exiges hoy a la Iglesia”?

Hoy, cincuenta años después, deberíamos hacernos las mismas preguntas porque tanto el mundo como la Iglesia han cambiado sustancialmente. Ante  los nuevos desafíos -económicos, religiosos, políticos, culturales, científicos, etc.- a los que hoy nos enfrentamos los  cristianos y cristianas, junto a muchos otros, debemos elaborar nuevas respuestas. Y para este cometido debemos tener la misma actitud honesta y creativa que entonces tuvo el Vaticano II y usar, igual que entonces, una metodología capaz de hacer razonablemente fiable  la  vinculación entre historia y transcendencia.

Redes Cristianas, cuya preocupación fundamental desde su origen ha sido tratar de hacer creíble la fe en cada circunstancia histórica, considera que este aniversario puede ser  un tiempo oportuno para  actualizar en nuestros días  el espíritu de la Primera Asamblea de Jerusalén,  que relatan los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 15. En este sentido, nos hemos propuesto dedicar  nuestro esfuerzo a la constitución de una base suficientemente amplia,  empeñada  en la búsqueda de una nueva forma de presencia cristiana en el mundo de hoy  y, en consecuencia, en la reforma profunda de la Iglesia. Sintonizamos en esta búsqueda con las iniciativas que se están poniendo en marcha por otros grupos católicos de base de todo el mundo,  singularmente con América Latina y con la Red Europea de Iglesia por la Libertad de la que somos parte.

2. Nuestra propuesta se dirige al mundo cristiano en su más amplio espectro y a  toda persona para la cual la apuesta por la dignidad del ser humano y el sentido de la trascendencia es importante en su vida y quehacer; a todos y todas las que están contra la discriminación -singularmente la de género y la causada por la pobreza-  y  se esfuerzan por cambiar las estructuras injustas del mundo; a quienes les duele el silencio de la jerarquía ante la crisis y el paro, y su incapacidad para renunciar a sus privilegios;  a cuantas y cuantos se desesperan por el deterioro al que la falta de conciencia ecológica está sometiendo el planeta; a las personas que quieren vivir la fe en un contexto de libertad y respeto y no lo encuentran en las instituciones religiosas; a todos aquellos y aquellas que por esta razón se han ido alejando de las iglesias, pero siguen entendiendo como válido para el mundo de hoy el mensaje del evangelio.

3. Con este espíritu, nos proponemos poner en marcha una gran Asamblea del Pueblo Cristiano. No se trata de un evento con un tiempo limitado y una fecha precisa. Lo que  pretendemos es más parecido a un proceso horizontal y participativo que se puede ir ajustando a los tres años  previos al cincuenta aniversario: horizontal,  porque todas las voces deben ser oídas, poniendo su importancia más en lo que se dice que en quién lo dice; y  participativo, es decir, asumiendo la responsabilidad que cada cual tenemos ante los demás. Con ello creemos que las fases hasta llegar a la Asamblea podrían ser:

1ª Fase 2012-2013: Constitución. El objetivo de esta fase es ponernos en relación las personas y colectivos, actualmente desvinculados, y constituir  entre todos una base social amplia para llevar adelante los fines que nos proponemos.  Esta base  no debería sentirse limitada por ninguna frontera  de país, continente o religión.

2ª Fase 2013-2014: Identificación y priorización de los desafíos. En esta segunda fase deberíamos detectar los grandes problemas de hoy y priorizar nuestra actuación en tanto que acción cristiana.

3ª fase 2014-2015: Posibles respuestas. Coincidiendo con el aniversario de la clausura del Vaticano II, deberíamos encontrar algunas respuestas que definan honestamente nuestra forma de presencia en el mundo empobrecido y en crisis sistémica  y la articulación coherente de los medios para una praxis alternativa. Aquí entra la reforma de las instituciones y de las iglesias.

Los colectivos que formamos parte de Redes Cristianas hacemos un llamamiento ante esta tarea urgente que nos proponemos. Ofrecemos nuestra página web y la dirección electrónica… para ir recogiendo aportaciones y adhesiones de las personas y colectivos que se sientan interpeladas para trabajar juntas en esta tarea ilusionante y esperanzadora y lograr que la Asamblea Universal de Pueblo Cristiano sea una realidad en 2015.

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Fonte: www.transistoria.net/?page_id=30035

Deixamos aquí a acta da Asemblea de Crntes Galegos celebrada o pasado 14 de maio:

O Domingo, día 14 de abril celebrouse en Santiago de Compostela a XXX Asemblea de Crentes Galeg@s.

A Asemblea é o xuntanza anual que convoca a tódalas persoas que están nos  grupos e comunidades   coordinadas na  Coordinadora de Crentes Galeg@s. O lema da asemblea foi: COMO CONSTRUÍR A PAZ DENDE A REBELDÍA.

I.-   Na primeira parte da mañá adicouse a exposición de Moisés Lozano:

Partiu da evolución dos datos da pobreza e máis do paro en Galicia e no Estado. Pasou  despois a unha clara exposición  da ideoloxía neoliberal, resaltando como cada unha das súas características  vanse implantando   implacablemente , nesta Europa de gobernos de dereitas, instrumentos do capital.

Ideoloxía neoliberal, que rexeita o papel do estado na sociedade. Vai parella co  pensamento único (pretensión universalizadora do capital financieiro internacional), coa creación dun mercado mundial sen barreiras para o capital financieiro, comercial e produtivo (globalización) que produce máis e máis desemprego, pobreza e desigualdade económica xa que hoxe en día o 14% da poboación é  máis rica fronte a un 86% que é máis pobre. Todo iso baixo a batuta duns mercados insaciables xeradores dunha economía especuladora que leva consigo un  consumismo esaxerado e unha sobre explotación dos recursos do planeta.

Existen alternativas:  É urxente por en práctica políticas adecuadas para endereitar as presentes tendencias en cinco áreas: multi lateralismo, seguridade, identidade, valores democráticos e economía, citando a Mayor Zaragoza . Para o cal é necesaria a cultura do pensamento crítico fronte o pensamento único.

E as alternativas pasan  tamén por  camiñar cara a unha cultura da paz que comprendería unha  Educación para a paz; para os dereitos humanos e para a democracia;  superación da exclusión e da pobreza;  o diálogo inter cultural e a resolución pacífica dos conflitos.

II.-  No coloquio  que veu a continuación,  aparte de outras intervencións, expúxose con detalle a  loita levada a cabo por unha das nosas compañeiras,dependente, denunciando o recorte na asistencia domiciliaria a xente que o necesita, por parte do concello da Coruña. Este exemplo de loita concreta deu pe a varias comunicacións por parte de persoas entre nós  que coñecen de primeira man os recortes que están a sufrir os servizos sociais en todo o territorio así como a necesidade de facer loitas concretas que as veces teñen  máis repercusión do que un pensa ou  pode prever.

Coincidimos no  grave da situación,na inxustiza crecente e esnaquizamento do estado social a que nos está a levar o neoliberalismo, con repercusións máis graves entre os máis débiles. Concordábase tamén na necesidade de seguir estando presente alí onde a xente se mobilice en plataformas pola sanidade, polo ensino, polos servizos sociais, pola lingua…

III.-Despois do xantar compartido adicamos un tempo a reflexións e conclusións. Sentímonos urxidos a continuar a resistencia na radicalidade; sen medo polo número de xente que poidamos ser; sen ocultar a nosa identidade, e facéndonos presentes como Coordinadora cando conveña, sen propaganda nin vergoña.

Quedouse en enviar un comunicado  á prensa, así como a seguir traballando nalgún autocolante  relativo ao momento presente.

IV.- Rematámolo  día cunha eucaristía. No marco dela fixemos plegaria tamén  das propostas de cáritas ante os retos da situación actual, referentes a protección social e servizos sociais, a o acceso a unha vivenda digna, sobre o emprego, sobre a inmigración e sobre cooperación para o desenvolvemento e financiamento.

A sensación do conxunto das persoas que estivemos na xornada foi de agradecemento polo día, de confirmación na loita, e de  esperanza de  que “es tarde pero es nuestra hora” ,en palabras de Casaldáliga.